Investigación

El feminicidio es un retroceso en la búsqueda de la igualdad y en la lucha contra la discriminación

Por Carlos Enrique Vilca Carreño

“La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”


Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre de 1993

No cabe duda de que a lo largo de la historia y hasta los días actuales las mujeres sufren prejuicios en todos los niveles. También es cierto que la violencia contra la mujer es uno de los males que asolan y desafían a la sociedad en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 38% de las mujeres en el mundo fueron víctimas de violencia física o sexual en 2018. En algunos países, esta realidad alcanza el 70% de la población femenina.

No se puede ignorar el hecho de que en el Perú, un alto índice de las mujeres en situación de violencia sufren agresiones semanal o diariamente, según revelaron los datos de las atenciones realizadas de enero a diciembre del 2018 ( 256749 casos) de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de la Mujer a través de su “Estrategia de Implementación de su Plan de Acción Conjunto para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres” (p. 6).

En ese contexto, en los que la violencia sistemática contra la mujer forma parte de ese espiral de agresiones que terminan en muchos casos, con la muerte de la víctima, su tipificación en el Código Penal , no ha reflejado el efecto esperado, principalmente en cuanto a ejercer un poder disuasivo respecto a la comisión de este tipo de conductas. Uno de los factores que cuestiona precisamente este aparente “fracaso” del referido tipo penal del “feminciido”, reside en que pareciera tratarse de una expresión cultural del machismo. Es decir, es la expresión de la idea de que hombres y mujeres no son iguales. Y es justamente en este punto que reside uno de los problemas de dicha norma. Al tratar de forma diferenciada a la mujer-castigando con más severidad el homicidio practicado contra la misma-, en una clara demostración de discriminación en que la mujer es, en una visión paternalista, dispuesta como el sexo frágil. Asimismo, aunque se haya insistido en lo contrario, el Art. 108-B del Código Penal, que sanciona el feminciido, viola el principio constitucional de la igualdad entre géneros.

A pesar de ser comprensible y hasta loable toda la preocupación por combatir y reducir la violencia contra la mujer, la incorporación de dicho tipo penal representó un retroceso en la búsqueda de la igualdad y en la lucha contra la discriminación, ya sea por sexo, raza o religión.

Al respecto, hay que afirmar con todo énfasis, que las mujeres son personas libres e iguales en dignidad y en derechos, dueñas de sus cuerpos y de sus expresiones y merecen respeto, en cualquier condición. Al ser signatario de acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer y la Plataforma de Acción de Pekín, el Perú tiene como compromiso trabajar para que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se manifieste en números y en la práctica.

Al respecto, la creación de nuevos tipos penales o la mayor severidad de la represión penal en relación a violencias practicadas contra la mujer en nada pueden contribuir al reconocimiento y garantía de sus derechos, ni tampoco contribuye a mitigar en la práctica los asesinatos de género. La fórmula más adecuada reside en que se avance en la concreción de la igualdad entre hombres y mujeres y en la construcción de una nueva forma de convivencia entre los sexos. Al final, el reconocimiento y la garantía de los derechos de la mujer no encontrarán en la reacción punitiva un instrumento adecuado para su realización.

Deja un comentario